Cuatro modelos educativos para la
España plurilingüe
En el País Vasco las familias eligen mayoritariamente
que se impartan todas las clases en euskera, mientras en Galicia, Comunidad
Valenciana y Baleares no existe una opción similar
Las cuatro
comunidades autónomas que junto a Cataluña cuentan con dos lenguas cooficiales
han implantado modelos distintos para enseñar estos idiomas en la escuela. La
capacidad de elección de los padres varía mucho. En el País Vasco las familias
pueden elegir entre tres posibilidades y la mayoría (66%) opta porque sus hijos
estudien todas las asignaturas en euskera. En Galicia no hay opciones y las
materias se imparten a partes iguales en gallego y castellano.
País Vasco: la mayoría de los estudiantes no
universitarios del País Vasco reciben las clases íntegramente en euskera. Las
familias tienen la posibilidad al comienzo del curso de escolarizar a sus hijos
en cualquiera de las lenguas cooficiales, pero en la práctica se ha impuesto el
modelo D (el euskera como lengua vehicular con el castellano como asignatura).
De los 374.848 alumnos matriculados al inicio de este curso en infantil,
primaria y secundaria, el 66% optaron por estudiar
todas las asignaturas en euskera. No llega al 10% los que han
preferido hacerlo con el castellano como lengua vehicular (modelo A), y un 23%
se decantó por el bilingüe (modelo B). Los tres modelos incluyen la enseñanza
del inglés desde los cuatro años de edad, aunque la Administración vasca
pretende que para 2020 el 75% de los centros enseñen en los tres idiomas. La
consejería vasca de Educación asegura que desde la implantación en 1983 del
sistema de enseñanza bilingüe se ha garantizado a las familias la libertad de
elección del modelo lingüístico. En la práctica, el modelo D en euskera ha ido
ganando alumnos de forma natural, hasta el punto de que solo el 2,95% de los
niños que acceden a la educación con 3 años eligen en la actualidad el modelo
exclusivamente en castellano. El 79,4% de los niños en Educación Infantil
cursan íntegramente en euskera. El Gobierno de Urkullu llegó en 2014 a un acuerdo con el Ministerio de Educación
para dejar el sistema de modelos lingüísticos vigente en Euskadi a salvo de la
aplicación de la Lomce (la denominada ley Wert) porque, coincidieron entonces
las partes, la legislación autonómica garantiza el bilingüismo “en una
proporción razonable”. Educación entendió que en esta comunidad existe una
oferta educativa sostenida con fondos públicos que permite estudiar con el
castellano como lengua vehicular.
Galicia: en
Galicia, las asignaturas se imparten desde 2010 a partes iguales en las dos
lenguas cooficiales y en las clases de Educación Infantil se usa como vehicular
el idioma materno mayoritario entre los alumnos de cada aula. Este modelo fue
puesto en marcha por el Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo para suprimir la discriminación positiva que
recibía el gallego en los colegios y contó con el rechazo de sindicatos e
instituciones culturales como la Real
Academia Galega. El sistema eliminado por el PP y que daba preferencia al
gallego había sido implantado por el gobierno de coalición de PSOE y BNG dando
cumplimiento al Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en
tiempos de Manuel Fraga. El Consejo de Europa ha reprobado
recientemente la pérdida de peso que ha sufrido el idioma propio de Galicia en
la enseñanza por vulnerar los principios de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. Las últimas
encuestas sociolingüísticas alertan además de que en este tiempo el monolingüismo
en castellano de los niños se ha disparado. La Xunta sostiene que este problema no es consecuencia de su modelo
lingüístico.
Comunidad Valenciana: la normativa
escolar valenciana establece que los colegios eligen por votación la
distribución de horas impartidas en cada lengua oficial y en inglés. Se requiere
el apoyo de dos tercios del consejo escolar, en el que están representados
padres, profesores, alumnos y personal de administración. El modelo de
plurilingüismo aprobado el 14 de febrero por el Parlamento autonómico
establece que los colegios deberán impartir, al menos, un 25% de horas en
valenciano, un 25% en castellano, y entre un 15% y un 25% en inglés. La nueva
ley desvincula el aumento de clases en inglés al incremento de clases en
valenciano, una previsión que sí contemplaba la anterior norma, suspendida
cautelarmente por el Tribunal Superior
de la Comunidad Valenciana. El texto señala que la Generalitat promoverá que los centros den la mitad de las horas en
valenciano y el 25% en inglés. El Gobierno autonómico argumenta que persigue
que los alumnos acaben la educación obligatoria dominando las dos lenguas
oficiales —ahora solo el 30% sale de las aulas sabiendo valenciano—, y que esa
referencia se concretará en campañas informativas. La oposición considera que
el artículo esconde una "imposición en diferido". La ley fue aprobada
por socialistas, Compromís y Podemos. PP y Ciudadanos votaron en contra.
Baleares: en Baleares el Gobierno tripartito liderado
por la socialista Francina Armengol
derogó el tratamiento integrado de lenguas impulsado por el popular José Ramón Bauzá y que generó una gran
movilización social en su contra al obligar a todos los centros a impartir una
tercera lengua en todos los cursos. Actualmente, Baleares se rige por la Ley de
Normalización Lingüística de 1986 impulsada por el PP de Gabriel Cañellas que establece que al menos el 50% de la enseñanza
se imparta en catalán. Cada centro tiene libertad para desarrollar su proyecto
de lenguas y decide cuantas asignaturas no lingüísticas imparte en un idioma
extranjero como el inglés o el francés.
Hoy domingo, 25 de febrero, la defensora del lector de El País, Lola Galán, continúa con el tema con algunos comentarios de los lectores:
Hoy domingo, 25 de febrero, la defensora del lector de El País, Lola Galán, continúa con el tema con algunos comentarios de los lectores:
España y sus lenguas
Un artículo sobre los distintos
modelos de enseñanza en comunidades con más de un idioma oficial da pie a
algunas quejas
El pasado
domingo, y a raíz del debate que provocó la promesa del Gobierno de garantizar
que se imparta en castellano una cuarta parte de las materias en las escuelas
de Cataluña, este periódico dedicó una página a recoger los modelos imperantes
en otras cuatro comunidades autónomas con dos lenguas oficiales: País Vasco,
Galicia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
“Ya empieza
mal este artículo de EL PAÍS, Cuatro modelos educativos
para la España plurilingüe”, me escribió ese mismo día un lector, Miguel Izu. “Cataluña cuenta, no con
dos, sino con tres lenguas cooficiales (castellano, catalán y aranés). Las
comunidades que tienen dos lenguas cooficiales no son cuatro sino cinco:
Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco. Navarra es
pequeña, pero con un pequeño esfuerzo los redactores de EL PAÍS la pueden
encontrar en el mapa”. Otros lectores se han preguntado también por la ausencia
de Navarra en el artículo.
Rafa de Miguel, director adjunto, que supervisó el tema, explica el
criterio que se siguió para elaborarlo: “Es evidente que la principal polémica
gira en torno al catalán, y a partir de ahí quisimos hacer una incursión en
otras comunidades autónomas con lenguas propias. Es cierto que en Navarra el
euskera es cooficial en una zona que apenas abarca un 10% de la población, pero
no hubiera estado de más hacer una mención. Y lo mismo puedo decir respecto al
aranés, hablado solo en el Vall d´Aran (5.000 habitantes aproximadamente) pero
que también tiene esa consideración. Dado que tenemos previsión de seguir
abordando el asunto en próximos reportajes, tendremos en cuenta todo esto para
ser más rigurosos”.
Un lector de A
Coruña, Marcos Ferreiro Torres,
discrepa del artículo en lo referente al modelo lingüístico gallego. “En la
información”, señala en su carta, “falta un dato fundamental: que el modelo
puesto en marcha por la Xunta (…)
recibió el visto bueno de los tribunales por donde ha pasado con ocasión de los
recursos planteados por la Real Academia
Galega: Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en su sentencia de noviembre de 2012 y Tribunal Supremo, en marzo de 2015.
Bien es verdad que con la improcedencia de dos apartados de dos artículos,
puramente instrumentales, que no afectaban a lo sustancial de la nueva
regulación y que la Xunta retiró sin
ningún problema”.
La autora de
la información, la redactora Sonia
Vizoso, afirma también en el texto: “El sistema eliminado por el PP y que daba preferencia al gallego
había sido implantado por el gobierno de coalición de PSOE y BNG dando
cumplimiento al Plan de Normalización
Lingüística aprobado por unanimidad en tiempos de Manuel Fraga”. El lector cree que esto no es correcto. “Mejor
habría sido decir que superando con mucho dicho plan. Porque al no marcar
techos o porcentajes por arriba para la enseñanza del gallego, hubo no pocos
claustros que fueron a por todo y pusieron en práctica una auténtica
inmersión".
Sonia Vizoso defiende su texto: "El decreto de la Xunta de PSOE y BNG que precedió al de Feijóo
dio cumplimiento al Plan General de
Normalización Lingüística de Galicia que aprobó Manuel Fraga en 2004 plasmando textualmente su recomendación de
que, ‘como mínimo, el alumnado reciba el 50% de su docencia en gallego’. El
plan de Fraga tampoco marcaba un
máximo y propugnaba como objetivo, ‘alcanzar un uso mayoritario del gallego en
la docencia, entre los docentes y en las relaciones escolares en general’. Por
contra, la norma del PP de Feijóo iguala exactamente el uso del
gallego y del castellano, reduciendo su presencia incluso por debajo del 50%
con la introducción de materias en inglés”.
Respecto a que
no se aluda en el texto a que el decreto de Feijóo ha recibido el visto bueno de los tribunales, Vizoso aclara: “No me pareció necesario
mencionar que el actual decreto es legal porque en tan poco espacio ese dato
solo sería relevante si fuese al contrario”.
La legalidad
del decreto sería un dato irrelevante si no fuera porque Vizoso cita en su texto las críticas que recibió por parte de la Real Academia Galega. Ya que esta
institución lo recurrió a los tribunales, era oportuno especificarlo y recordar
que la justicia no le dio la razón.
