sábado, 24 de febrero de 2018

EL CATALÁN NO NECESITA DEFENSORES PORQUE NO TIENEN ENEMIGOS, DICE FERNANDO SAVATER. LEAMOS Y ESCRIBAMOS SOBRE ESTO.

Leemos el editorial de El País de hoy domingo, que opina sobre el catalán como lengua de España. Algunas de las cosas que aquí se dicen las hemos comentado en clase. Leamos atento:

Lengua de España
El éxito del catalán es el de la democracia y el autogobierno

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la disposición de la Ley Orgánica para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE, o ley Wert) que obligaba a la Generalitat a hacerse cargo de los gastos de escolarizar en centros privados a los alumnos cuyas familias optaran por la enseñanza en castellano. Estima el Alto Tribunal que el Gobierno se arrogó esa competencia de manera indebida.
La sentencia es importante porque su literalidad cierra el paso legal a la pretensión de establecer de facto una doble red escolar en Cataluña. Es, también, oportuna, al coincidir con el debate lanzado por el Gobierno, de forma torpe y confusa, acerca de si intervenir, vía las competencias adquiridas en el marco del artículo 155, en la modificación del peso relativo de castellano y catalán en el sistema educativo.
La sentencia es el mejor aviso para el Gobierno de que en esta materia, extraordinariamente sensible, huelgan las chapuzas y las precipitaciones, máxime si vienen dictadas por la inquietud que ha generado el auge de Ciudadanos en las encuestas y el consiguiente deseo de los populares de no dejarse arrebatar el papel de mejor ariete contra el secesionismo.
Ni el catalán ni los catalanes deben ser víctimas de esos forcejeos que confrontan lenguas e identidad. Ni de los que buscan auparse en el nacionalismo español para lograr réditos electorales ni de los que en los últimos tiempos han intentado poner la lengua catalana al servicio de un proyecto político tan divisivo y excluyente como el independentismo.
El debate debe partir del extremo contrario: de la necesidad de poner el catalán a salvo de unos y otros y reivindicarlo como una lengua de todos, dentro y fuera de Cataluña. Es lo lógico y sensato. La jurisprudencia del TC reafirma el artículo 3 de la Constitución por el que el catalán (y las demás lenguas cooficiales) merece especial protección y promoción y forma parte del patrimonio común. El catalán es también lengua de toda España y por eso corresponde a los poderes públicos, empezando por el Gobierno de la nación, protegerlo y difundirlo.
Su expansión en 40 años ha sido muy exitosa. Lo entiende el 95% y lo usa más del 80% de la población, lo que ha evitado el peligro, real al comienzo de la Transición, de su residualización. Su éxito es el de la democracia española y del sistema de autogobierno del que nos dotamos en 1978, que establece y celebra la pluralidad como un patrimonio de todos. Su vitalidad está pues en el respaldo que todos le han otorgado. Por tanto, al contrario de lo que sostienen los independentistas, no es una lengua huérfana ni sin Estado. Su pujanza procede del empeño de sus usuarios y del reconocimiento e impulso del Estado. Si acaso, cabría proyectar más su visibilidad y conocimiento —asimismo de las otras lenguas del Estado— en el sistema educativo y las instituciones, de tal manera que se normalizara su conocimiento y uso también fuera de Cataluña.
La escuela catalana ha contribuido a ese empuje del idioma. El modelo de línea escolar única arroja resultados pedagógicos muy razonables: la capacitación en las dos lenguas oficiales al final del ciclo escolar. Y sociales, al evitar una segregación que discriminaría para el empleo entre catalanes de origen bilingüe contra catalanes de adscripción reciente, monolingües en castellano. Esos éxitos cosechados en cuatro décadas no deben inducir complacencias paralizantes. Son mejorables: el modelo debe aspirar a superar la media, a mejorar en contenidos entre unas y otras zonas. Pero debe hacerse con criterios técnicos, no políticos.
El TC ha validado que el catalán sea el “centro de gravedad” del sistema escolar, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que su uso vehicular debe convertirlo en el “normalmente” empleado. Pero también ha confirmado el carácter vehicular complementario del castellano y objetado la pretensión de la Generalitat de que ese objetivo se logre reduciendo este a una única asignatura. La doctrina constitucional está, por tanto, asentada, y obliga a una convivencia de las dos lenguas en el sistema educativo que la Generalitat no puede, como ha hecho hasta ahora, ignorar.
El peso relativo de ambos debe decidirse —como ya hacen muchos centros escolares— aplicando con inteligencia las orientaciones de las sentencias judiciales, que establecen una proporción indicativa de en torno al 25% para el castellano. Y con flexibilidad: consejos escolares y comunidad educativa debieran modularlo según las necesidades concretas de cada población y cada barrio. En zonas de preponderancia lingüística castellana, afírmese más el catalán. En las de prevalencia catalana, dótese a los escolares de mejor instrumental castellano. Sin sectarismos y sin partidismos.

El bilingüismo de la sociedad catalana es una riqueza, y debe ser motivo de orgullo para todos, dentro y fuera de Cataluña, no de fractura. Castellano y catalán han convivido con naturalidad hasta ahora enriqueciendo a la sociedad. Deben seguir haciéndolo.

domingo, 18 de febrero de 2018

MÁS MACHISMO EN NUESTROS USOS DE LA LENGUA

Otro domingo más en El País es Álex Grijelmo es el que nos ayuda a pensar sobre cómo hablamos. Todos hemos escuchado al flamante presidente del Parlamento catalán llamar a la vicepresidente sólo por su nombre de pila. Y ese es un uso discriminatorio que hay que eliminar. Hoy, en La punta de la lengua escribe sobre ello. Leamos:

Vicepresidenta Soraya

Llamar por el nombre de pila señala cercanía o subordinación. Hacerlo por el apellido indica respeto

Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, se refirió dos veces en su discurso del martes a Soraya Sáenz de Santamaría como “vicepresidenta Soraya”. A continuación, mencionó al último presidente de la Generalitat con la fórmula “el presidente Puigdemont”.
En efecto, el nombre de pila de la vicepresidenta aparece de vez en cuando en el lenguaje público sin la compañía del apellido, mientras que se hace difícil imaginar una cita como “el presidente Mariano”.
Esa asimetría en la manera de nombrar a mujeres y hombres ya tenía antecedentes. Keiko Fujimori, candidata a presidir Perú, fue citada muchas veces por su solo nombre de pila, frente al apellido o el nombre completo de su rival, Pedro Pablo Ku­czynski. Por su parte, Dilma Rousseff se quedó en Dilma para muchos titulares  a diferencia de lo que ocurría con su contrincante, José Serra.
Se pueden encontrar en Internet muchos ejemplos de “Dilma promete” o “Dilma asegura”, pero no de “José propone”. Y sí, el nombre de la ahora expresidenta de Brasil es muy significativo, por inhabitual entre nosotros; pero también su apellido habría bastado para designarla.
Se han dado casos de nombres masculinos citados igualmente sin la compañía del patronímico. Sucedía con Felipe (González) incluso en diarios serios de información general, y ocurre ahora con Florentino (Pérez) en la prensa deportiva. Cuando se trata de textos en los que no se produce asimetría entre hombres y mujeres, el fenómeno puede pasar como una mera economía tipográfica, aunque también el resultado ofrezca ángulos dudosos. Pero cuando en el mismo discurso o en la misma serie de textos se halla presente un nombre femenino al que no se trata del mismo modo que a sus iguales masculinos, deben saltar las alarmas.
Los usos sociales han establecido que llamar a alguien por su nombre de pila implica confianza, cercanía, subordinación. Hacerlo por el apellido señala distancia y respeto. Situar a las mujeres en el primer cajón y a los hombres en el segundo constituye un acto discriminatorio (quizás inconsciente, y por tanto comprensible) que vale la pena corregir.
Las filólogas Eulàlia Lledó y Susana Guerrero Salazar, entre otras, han señalado este rasgo sexista. La costumbre, escribió Lledó viene desde los colegios, en muchas de cuyas aulas se llama a los niños por el apellido y a las niñas por su nombre, y a menudo con diminutivos.
Guerrero añade: “Cuando en un espacio como el académico conservamos los tratamientos más respetuosos para los varones y los más familiares para las mujeres, afianzamos la idea de que los hombres son más importantes y, por tanto, merecedores de ser tratados con más respeto. Hay que tener especial cuidado en que esto no suceda”.
Ya hace años que en España se corrigió la asimetría de no mencionar a las mujeres con cargo público por su mero apellido. Antaño no se habría escrito “Arrimadas anuncia” o “Díaz dice”, sino “Inés Arrimadas” y “Susana Díaz” como únicos sujetos posibles. Y los diarios de sólo un par de decenios atrás habrían escrito “la Merkel” como en su día hicieron con “la Thatcher”, otra asimetría notoria.
Keiko, Soraya, Dilma, Susana… Son los nombres de personas que han de ser evaluadas por sus ideas y sus actos sin necesidad de que se recuerde subliminalmente a cada rato que se trata de una mujer.


LAS PALABRAS NO DEFINEN: SÓLO NOMBRAN

Tantos domingos en El País es Álex Grijelmo el que nos ilustra sobre las palabras. Hoy, en La punta de la lengua escribe sobre otro anglicismo. Atentos:
Una palabra muy corriente
Streaming no significaba en inglés “descarga progresiva de datos”, sino “riachuelo”, “chorro”, “arroyo”
Buena parte de quienes defienden los anglicismos tecnológicos alegan que cualquier alternativa en español “no significa lo mismo”. Y con ese argumento se sienten satisfechos para seguir adorando al becerro de oro y extender el injusto complejo de inferioridad de los hispanohablantes.
Creen, por ejemplo, que audio no puede desplazar en ningún contexto a podcast, y que programa no debe sustituir a software, o que en directo pierde mucho frente a “en streaming”. Parten para ello de una premisa según la cual las palabras definen en vez de nombrar. Sin embargo, las palabras nombran; y a fuerza de nombrar algo, les damos una definición. Pero no en todos los casos son una definición.
Si las palabras definieran, un cine de verano tendría que cerrar el primer día del otoño y abrir al día siguiente de terminar la primavera, sin posibilidad de saltarse el plazo porque en ese momento dejaría de ser un cine de verano; un ascensor no podría descender; no nos comeríamos un bollo suizo fabricado en la panadería de la esquina, y colgar el teléfono sólo serviría para los primitivos aparatos de pared, por no añadir que la mesilla de noche debería desaparecer cada mañana.
Muchos términos se crearon o llegaron con una evocación inicial que el uso transformó, y que los hablantes adaptaron a sus necesidades.
Pues bien, parece que ese proceso debería prohibirse para las palabras de la tecnología, que de este modo quedarían protegidas desde su nacimiento ante cualquier influencia del sentido común.
Algo así sucede con streaming, que designa en inglés una transferencia digital de datos, audio o vídeo en directo o en diferido, y que en este segundo caso se puede descodificar y reproducir sin necesidad de que se haya completado el proceso de descarga.
Streaming no significaba originariamente en inglés “descarga progresiva” o “transmisión por secuencias”, sino que partió del sustantivo stream: “riachuelo”, “arroyo”, “corriente”, “chorro”…; de donde se formó el verbo to stream: “manar”, “derramar”, “dejar correr”. Por eso el dicho to go with the stream significa “ir con la corriente”, que es lo que hacen los defensores de la invasión anglófila. O sea, que van con el streaming.
A partir de esos significados de stream relacionados con el agua, se creó en el mundo informático anglosajón la moderna acepción metafórica de streaming como chorro de datos o de información digital.
Los técnicos suelen defender la precisión de sus vocablos, y eso está bien para que se entiendan entre sí; pero no pueden pretender que su léxico inunde los textos destinados a personas que sentirán extraños esos términos, a veces desincentivadores.
Así, cuando algo se transmite en directo por Internet se anuncia que se dará “en streaming”. Pero si se ofrece por televisión (incluso si es digital) leeremos la tradicional fórmula en español: “en directo”.

No pasaría nada, sin embargo, si un medio digital comunicase: “Ofreceremos en directo la ceremonia de mañana”. Y si se viera obligado a distinguir entre “en streaming” y “en directo” (aunque la razón técnica le resulte indiferente al usuario), ahí estaría la opción “en flujo”. Pero quien dijese en correcto español “lo transmitiremos en flujo” no podría presumir tanto como si lo hiciera en inglés, y además los sacerdotes de la tecnología y de los complejos le acusarían de amanerado, cursi, antiguo... Vamos, que le caería la del pulpo. Por ir contra la corriente.

¿COHESIÓN SOCIAL?


“La inmersión solo existe en Cataluña y en Groenlandia”
La autora un libro sobre bilingüismo en Cataluña propone “introducir modificaciones, pero no cambios repentinos y de golpe"

“Es impensable un lugar en el que un alumno no pueda escolarizarse o centrar su currículo en una lengua oficial hablada por el 55% de la población”, dice a propósito de Cataluña la profesora Mercè Vilarrubias (Sabadell, 1964). Es un asunto sobre el que ha trabajado esta catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona, autora del libro Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (editorial Montesinos, 2012). Sobre el anuncio —sin demasiada concreción— que ha hecho el Ministerio de Educación de que garantizará un 25% de castellano en las escuelas catalanas, la catedrática anima a “introducir modificaciones, pero eso no quiere decir cambios repentinos y de golpe. El español como lengua vehicular es una demanda de parte de la sociedad catalana, el monolingüismo estricto que deja una lengua fuera es muy raro”, explica esta profesora, que da charlas y colabora con Societat Civil Catalana (SCC, la principal organización ciudadana contra el independentismo).
Vilarrubias explica que para su libro estudió distintos modelos lingüísticos: “Me pareció sorprendente comprobar que en la mayoría de los países con dos lenguas existen escuelas para una y para otra y que son los ciudadanos los que escogen”. Según esta docente, solo hay un territorio con un sistema similar al de la escuela catalana, donde se aprende en catalán como lengua vehicular y se reservan dos horas semanales de castellano en la asignatura de Lengua Castellana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato. “Groenlandia es el único lugar con un modelo equiparable, no hay ningún otro en el que se pueda hacer lo que se hace en Cataluña, que una lengua oficial no tenga cabida en la educación”, explica Vilarrubias. “Es parte de Dinamarca pero no enseña danés, solo groenlandés. Y ellos mismos dicen, lo leí en una entrevista, que es la manera de evitar la atracción de la gente por las grandes ciudades, de evitar que se marchen. Cuando uno evita dar la enseñanza en otra lengua, el objetivo va más allá de temas puramente lingüísticos. Cuando ves este comportamiento tan raro y contrario a la lógica entiendes que el objetivo es otro, aunque lo embellezcan con la cuestión social, digan que es para no segregar o para dar a todas las mismas oportunidades”.
No solo los partidos independentistas defienden el modelo catalán de inmersión lingüística que critica Vilarrubias, también partidos no soberanistas como el PSC. Ella considera que es “un tema que [en el PSC] no entienden y al que le han dado apoyo con la mejor intención. Existe una falsa discusión que supone que hay que elegir entre la inmersión o tener escuelas en catalán y otras en español. No es esto lo que proponen asociaciones como SCC, no se trata de segregar ni de crear fracturas. Y, por otro lado, el modelo que critican de que los padres escojan ya existe, está en el País Vasco sin levantar sospechas. Todo está muy tergiversado”.


POR COHESIÓN SOCIAL


También leemos en El País la reacción de la comunidad educativa catalana ante la noticia anterior:

Padres, maestros y sindicatos rechazan el cambio de modelo lingüístico
Las entidades lamentan que se haga un uso político de la lengua
Docentes, asociaciones de padres y madres de familia, agrupaciones pedagógicas y sindicatos expresaron ayer su rechazo a la decisión del Gobierno de modificar el sistema de inmersión lingüística en catalán para aumentar la presencia del castellano en el aulas. “Rechazamos el intento de segregación de los menores por motivos lingüísticos”, dicen desde la plataforma Som Escola, que agrupa a más de medio centenar de entidades de diferentes tendencias. Todos coinciden en ver un trasfondo de guerra política entre el PP y Ciudadanos en la medida.
“La escuela catalana y su modelo de integración lingüística ha hecho un gran esfuerzo en las últimas décadas para acoger, desde una perspectiva inclusiva, niños y jóvenes venidos de diferentes culturas del mundo”, explica el comunicado de Som Escola. Sus representantes se reunieron ayer con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para expresar su preocupación por los planes del Gobierno. “Podemos constatar que la inmersión lingüística ha sido un factor importante para permitir la cohesión social desde una perspectiva intercultural y que esta ha de seguir siendo uno de los puntales del modelo educativo catalán”, agrega la plataforma, en la que están entidades de diferentes sensibilidades, como la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Fundación Pere Tarrès o el Colegio de Pedagogos de Cataluña.
La mayor preocupación, compartida por diferentes entidades y colectivos, es que la decisión del Ejecutivo conlleve la separación de los alumnos en función de la lengua, algo que tanto el Estatut como la ley de Educación de Cataluña prohíben explícitamente. “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual”, establece el artículo 35 de la ley autonómica. “No permitiremos que eso pase”, alertó el portavoz de Educación de CCOO de Cataluña, Manel Pulido.
Ustec, el sindicato mayoritario en primaria y partidario de una consulta sobre la independencia de Cataluña, cree que sacar adelante ese plan es “atravesar una línea roja cuyas consecuencias no puede imaginar el propio Gobierno”, explicó su portavoz Ramon Font. “El modelo lingüístico es fruto de un amplio consenso social que va más allá del independentismo y que ha sido exitoso logrando que los estudiantes catalanes tengan buenos resultados en ambas lenguas”, dice Font. La quincena de decisiones judiciales que han concedido a los alumnos más clases en castellano, usualmente matemáticas, ha supuesto que todos los compañeros también las dieran. Los padres que defienden la inmersión creen que eso choca con su derecho a recibir educación en catalán.
Cohesión social: “Seguiremos defendiendo un modelo de éxito que ha contribuido decisivamente a la cohesión social”, insistió ayer la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que se limita a las escuelas concertadas religiosas. Una posición similar defienden desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC). “Es un modelo que funciona, que permite que los alumnos catalanes tengan resultados en castellano similares a los de otras comunidades autónomas. Lamentamos que se utilice de nuevo políticamente la lengua”, dijo Belén Tascón, la presidenta de FAPAC.
La Asociación de Maestros Rosa Sensat, creada en 1965 en la clandestinidad y que lleva el nombre de una de las precursoras de las nuevas tendencias pedagógicas en Cataluña a principios del siglo XX, denunció en un comunicado que la reforma del sistema de la inmersión lingüística “afectaría al tronco del sistema educativo” y además “supondría saltarse la ley”. Una posición similar han expresado desde la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña.
Xavier Corbera, el portavoz de Som Escola y regidor de ERC, explicó ayer en una entrevista a TV-3 que el mundo educativo se plantea movilizaciones si los planes del Gobierno siguen adelante. “Si se cargan el sistema educativo catalán, daremos la respuesta más contundente posible”. Font, por su parte, recordó la respuesta de la comunidad educativa de Baleares al decreto de trilingüismo, que el Gobierno del PP se vio obligado a retirar en 2013.